No habrá reforma fiscal, pero es un hecho que hay cambios para este año. Tal es el caso de los fondos de capital extranjero, los que a partir del 1 de enero deberán pagar un gravamen del 25% sobre la transacción. 

El tema parece tener una buena razón, dado que plataformas de tecnología de transporte, que todos conocemos, entregaban facturas procedentes de Singapur, y en efecto, al interior del SAT, que comanda Raquel Buenrostro, se detectaron abusos en este tipo de transacciones internacionales. 

El gran pero es que en lugar de regular o poner candados que eviten este tipo de anomalías, se ponen reglas parejas donde, como se diría coloquialmente, pagan justos por pecadores. 

Me explico. Desde que arrancó el año, por disposición de la Secretaría de Hacienda, al mando de Arturo Herrera, se determinó que todas las transacciones de capital extranjero tendrían que tipificarse con un gravamen del 25% sobre la transacción. 

Lo cual no sólo no realizan países como Estados Unidos, Canadá, Colombia, Brasil, por mencionar algunos, sino que va en contra de políticas que se tienen con gobiernos extranjeros inversionistas en México, afectándolos con esta disposición. 

Un ejemplo claro son las inversiones de gobierno soberano con Canadá, Emiratos Árabes y algunos fondos de Singapur. 

Por si fuera poco, esta disposición también afecta el apetito por invertir en México o desde México, considerando que la competencia internacional da beneficios y no tipifica las transacciones. 

A fin de cuentas, países con quienes México tiene un acuerdo comercial reconocen la transparencia de las transacciones y se deja el pago de algún impuesto al país de origen. 

Vaya estrategias. ¿No era más fácil corregir o establecer condiciones diferentes donde se habían detectado dichas irregularidades, en lugar de afectar a todo el gremio? Incluso ahora hay lagunas en las posibles transacciones o fondos de capital que se pudieran dar en sectores como bienes y raíces, donde no está claro si el rendimiento por renta es utilidad o no. 

Y ni qué decir del sector de infraestructura y el energético, los cuales se siguen lastimando con medidas que parecen afectar su reactivación. 

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