El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de salud mental y prevención de las adicciones con el objetivo de garantizar acceso universal, igualitario y equitativo a la atención de las personas con estos padecimientos.

El documento avalado por 457 votos y que ahora pasa al Senado de la República, responde a la poca atención que en el pasado se le ha dado a la salud mental, dijo el diputado Jorge Luis Montes Nieves, de Morena, pues desde la promulgación de la Ley General de Salud, este capítulo ha sido reformado en pocas ocasiones y sin ningún beneficio tangible. “Se ha mantenido el mismo esquema anticuado y fragmentado que ha estigmatizado y violentado los derechos humanos de pacientes y familiares”.

¿Qué plantea la iniciativa?

De acuerdo con el legislador, psicólogo de profesión, se trata de una reestructura al funcionamiento del sistema de salud mental, para pasar de un modelo asilar a uno comunitario. El primero permitía el abandono de pacientes y ahora se busca transitar al fortalecimiento y atención temprana.

El dictamen establece que la salud mental y las adicciones tendrán carácter prioritario dentro de las políticas de salud y deberán brindarse conforme a los principios establecidos en la Constitución y en los Tratados Internacionales en materia de derechos humanos. Con base en esto el Estado es quien debe garantizar el acceso con el más alto nivel posible y sin discriminación.

Para ello las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud deberán brindar acceso a los servicios de atención de salud mental y adicciones con atención especial a los grupos en situación de vulnerabilidad, participación de los familiares y de las organizaciones de usuarios de ayuda mutua.

Se establece además el acompañamiento de un representante que cuide sus intereses, consentimiento informado de la persona en relación con el tratamiento a recibir, y no ser sometido a medidas de aislamiento o contención coercitivas, derecho de confidencialidad y contar con un sistema de apoyo y asistencia.

Se recurrirá al internamiento del paciente sólo cuando éste aporte mayores beneficios que otras opciones terapéuticas ambulatorias en el entorno familiar, comunitario o social.

Para promover la consulta ambulatoria, en su régimen transitorio, el dictamen también señala que aquellos hospitales psiquiátricos que cuenten con adecuadas condiciones en infraestructura y organizacional transitarán a Centros Terapéuticos para la atención de la salud mental y adicciones en un plazo de 180 días naturales contados a partir de la entrada en vigor del decreto y que el Ejecutivo federal tendrá un plazo no mayor a 180 días naturales a partir de la entrada en vigor del decreto para emitir las disposiciones reglamentarias.

El dictamen plantea la atención especial a grupos en situación de vulnerabilidad y quienes padezcan déficit de atención, autismo y síndrome de Asperger. Incluye además, padecimientos como depresión, trastorno afectivo de tipo bipolar, ansiedad, pánico, estrés, esquizofrenia, epilepsia, crisis convulsivas, y consumo de sustancias, demencias.

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