El Senado de la República aprobó en lo general y en lo particular, la eliminación del outsourcing o subcontratación directa en el país, permitiéndola solo para tareas permanentes o esenciales.

Con 110 votos a favor, uno en contra y una abstención, el dictamen se turnó al Ejecutivo federal para los efectos constitucionales.

Los senadores coincidieron en que éste es un avance que busca justicia laboral para 4.6 millones de trabajadores que actualmente se encuentran bajo este esquema que los vulnera.

La minuta establece que aquellas empresas que mantengan, se beneficien y practiquen el también llamado outsourcing podrían hacerse acreedores a sanciones de hasta 4.4 millones de pesos.

Con lo anterior se busca que solo sea legal la subcontratación de personal especializado que sea diferente al objeto económico de la empresa.

En este caso, los trabajadores tendrán que ser recontratados con el reconocimiento de todos sus derechos, así como su antigüedad en la empresa.

Sin embargo, las empresas interesadas deberán tramitar un registro especial ante la Secretaría del Trabajo, demostrando que están al corriente en obligaciones fiscales y de seguridad social.

Además, la reforma establece que cada cuatro meses se debe reportar al Infonavit e IMSS sobre los contratos con otras empresas; la información de los trabajadores y el monto de su salario base.

El reparto de utilidades alcanzará un monto máximo de tres meses de salario; o bien, el promedio recibido en los últimos tres años, lo que resulte más alto y benéfico para el trabajador.

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