Luego de más de ocho horas de audiencia por el asesinato de José Eduardo Ravelo Echavarría, el Juez de Control del Primer Distrito Judicial, Rómulo Antonio Bonilla Castañeda, determinó dejar en libertad a los cuatro policías detenidos por su presunta participación en el asesinato del joven veracruzano: dictó acto no vinculación a proceso.

Al terminar la sesión, realizada en el Centro de Justicia Oral de Mérida este 13 de agosto, el juez indicó que no se aportaron pruebas suficientes para comprobar su culpabilidad, además de que hubo contradicciones en las declaraciones de la víctima; es decir, no existieron elementos de prueba suficientes para determinar que las personas presentadas tienen relación con los delitos que les fueron imputados. 

Los vídeos aportados por ambas partes, se analizaron conjuntamente conforme a la ley con los demás datos de prueba; pero no se encontró alguna señal concreta de su participación en los hechos por los cuales se les acusó. “Por las circunstancias acontecidas en el debate de ambas partes, y al considerarse que los datos de prueba han sido insuficientes, se declaró auto de no vinculación a proceso a favor de los imputados quedando en inmediata libertad”, manifestó Bonilla Castañeda. 

A su vez, indicó que existieron contradicciones en lo afirmado por el hoy occiso, pues mencionó características de sus agresores que hablan de una corporación distinta a la municipal, a la cual pertenecen los oficiales que quedaron en libertad. 

No hay duda de que fue detenido por agentes municipales que ubican a los 4 imputados en esa intervención, esas circunstancias no las paso por alto, expuso el juez, ni que lo hayan realizado policías, sin embargo, “este juzgador estima que el estándar probatorio establece datos de hechos que no prueban circunstancias, ni siquiera a manera de probabilidad, de que sean los imputados a quienes aludió la víctima en su narración y denuncia”, aclaró.

Sin embargo, señaló que esto no pone fin al caso, pero el Ministerio Público tiene que ampliar su investigación y en su caso, recabar otros datos de prueba que no recabó durante la investigación inicial. “Habrían que agotarse todas las líneas de investigación por parte de la Fiscalía en cuanto la información que José Eduardo dio cuando presentó se denuncia el 24 de julio”, detalló. 

“El Ministerio Público tiene la posibilidad de continuar la investigación y determinar, incluso, con nuevos datos de prueba, si insiste en el ejercicio de la acción penal”, añadió.

Esta resolución, explicó, tiene un plazo de tres días para ser impugnada e interponer el recurso de apelación, para confirmar, modificar o revocar esta sentencia.

El Poder Judicial, en un comunicado, recalcó que se tomó en cuenta la valoración del perito médico forense del 3 de agosto de 2021 plasmada en protocolo de necropsia y con la nota médica remitida por el Hospital General Agustín O’ Horan, donde se consta la tortura agravada y violación en exámenes proctológicos.

Dora María Ravelo, madre de José Eduardo, no habló con la prensa ni antes de después de la audiencia, la cual estaba programada para las 10 de la mañana, pero empezó alrededor del medio día. Ella salió del recinto por otro acceso; tampoco se vio en ningún momento a su abogado, Andrés Nieves Cervantes

Durante los recesos de la audiencia, se pudo observar a Dora Maria dirigirse al baño. Su mirada lucía decaída, derrotada. Con trabajo podía caminar con apoyo de su bastón y custodiada por varios oficiales. Mientras ingresaba a la Sala de Audiencia Oral cuatro, y ante el asedio de las cámaras y celulares de algunos integrantes de los medios de comunicación local, se le alcanzó a escuchar: “Sólo quiero justicia, es todo lo que quiero”.

El taxista, que no quiso revelar su nombre, uno de los testigos de la defensa, y quien denunció a José Eduardo por presuntamente haberlo agredido en un sitio de taxis, salió del lugar a las pocas horas de iniciada la sesión. Reconoció estar nervioso, pero se negó a proporcionar mayores detalles. “Nunca he estado en una situación así”, manifestó. “Si lo vi, sí vi que él (Jose Eduardo) me lesionó… luego llamé al 911”, relató.

Por su parte, David Dorantes Cabrera, abogado de tres de los cuatro policías municipales, comentó que, como había mencionado antes, la Fiscalía fue omisa y por las pruebas que aportaron se pudo determinar que ninguno de ellos participó en los hechos que se les atribuyó. “Hubo omisiones por parte de la Fiscalía no hicieron investigaciones, actos de entrevistas… la comparecencia del testigo fue importante; la gestiones ante la policía municipal para observar los registros, todo esto pude desvirtuar las acusaciones”; expresó.

También indicó que con esto se violentaron los derechos humanos de sus defendidos. “Imagínate que te acusen y te imputen y te saquen una orden de aprensión por un hecho que no cometiste, evidente se hizo una injusticia para ellos”, declaró. 

. Sobre si exigirían alguna indemnización o disculpa, dijo eso le correspondería a sus clientes, no obstante afirmó que existe la posibilidad de que los vuelvan acusar; la Fiscalía tiene 6 meses para volver a solicitar una orden de aprensión e imputación “si encuentra elementos novedosos que permitan insistir en la investigación, pero confiamos en que no se insista en esta injusticia”.  

Tanto Dorantes Cabrera, como los otros dos abogados defensores, indicaron que no fueron contratados por el Ayuntamiento de Mérida, sino por las familias de los elementos de la policía. 

FGE apelará resolución en caso del joven veracruzano

La Fiscalía General del Estado (FGE), en un comunicado, informó que presentará un recurso de apelación, previsto en el Código Nacional de Procedimientos Penales, “tras la resolución de no vinculación de los cuatro imputados, relacionados con el deceso del joven veracruzano J. E. R. E., luego de los hechos ocurridos en esta capital, por lo que el proceso continúa y esta dependencia proseguirá con la indagatoria hasta el esclarecimiento de los hechos”.

“Después de la decisión del Juez Primero de Control tras la audiencia donde se resolvió la situación legal de J.E.H.H, E.M.R.L., A.G.G.M. y R.G.B.R., inicialmente imputados por los delitos de homicidio calificado cometido en pandilla, violación agravada y tortura agravada, la FGE anunció que hará válido el recurso de apelación sobre este resultado, con base en los plazos establecidos en el Código Penal”, detalló la dependencia.

No obstante, afirmaron que acreditó debidamente los argumentos para la vinculación, tras la aportación de datos y elementos de prueba necesarios para vincular a proceso a los cuatro imputados, por lo que continuará con la investigación del caso hasta el esclarecimiento de los hechos.

Como se recordará, la denuncia de lo ocurrido fue interpuesta ante esta dependencia el pasado 24 de julio por el joven, quien días después perdió la vida a consecuencia de las lesiones sufridas.

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